Gota a gota la economía se desangra.

Una de las prácticas más nocivas para la economía del comercio informal e incluso del comercio formal en los sectores populares, lo constituye una especie de préstamo exprés, de retorno diario y altísimos intereses que coloquialmente denominan el “gota a gota”.

Esta práctica financiera no convencional constituye un verdadero flagelo para los estratos populares, que no sólo afecta a su economía, sino que en la mayoría de los casos termina incluso afectando los derechos de las personas que desafortunadamente caen en esta red de prestamistas informales.

Y no sólo es dable hablar aquí de delitos como la usura, sino que a la postre se convierten en verdaderas extorsiones e incluso en atentados contra la vida ante el incumplimiento de las desmedidas exigencias monetarias que Realizan quienes se dedican a esta clase de mal llamados préstamos.

De esta forma, quien acude por la extrema necesidad a esta clase de práctica termina convirtiéndose en víctima de las desbordadas tasas de interés que incluso llegan a superar el 10% diario, en el mejor de los casos, pues en el peor la ausencia de pago se castiga con el daño patrimonial, la amenaza contra la vida y la integridad personal. Algunos casos incluso terminan con la muerte de la persona que ha solicitado el préstamo.

Frente a esa problemática observamos que el Estado permanece inconmovible, pues no existe una política clara que permita prevenir esta mala práctica y poco se hace para la prevención, judicialización y sanción de la misma.

Para enfrentar una problemática es necesario entenderla.

La ausencia de políticas públicas efectivas que permitan, en primer término, la normalización de los comerciantes informales y, en segundo lugar, la facilidad del acceso al sistema financiero para todas las personas, el préstamo gota a gota encuentra el terreno favorable para su nefasta práctica.

La dificultad para obtener créditos en el sistema financiero legal genera que el comerciante acuda en procura de continuar con su actividad económica a esta clase de préstamos, pues en Colombia se acuña una frase de cajón según la cual para poder obtener un préstamo en una entidad bancaria o financiera hay que demostrar que no se necesita.

Esta es una verdad inocultable y es la raíz del problema, por ello antes de judicializar, cómo debería realizarse a quienes ofrecen esta clase de préstamos, el Estado debería promover el fácil acceso al crédito como herramienta para lograr de una vez por todas erradicar el comercio informal y fortalecer el comercio formal.

 

Otra alternativa debe ser que el estado proporcione la capital semilla para los emprendimientos y así evitar que los ciudadanos, algunas veces incautos, algunas veces necesitados, acudan a estas mafias de prestamistas ilegales.

En conclusión, es un problema de la ciudadanía y su solución le compete exclusivamente al Estado.

Por el Dr. Juan Carlos Castillo.