La Reforma al sistema penal acusatorio
La reforma procesal penal en Colombia ha sido uno de los cambios más significativos para la Justicia, al punto que se requirió de un acto legislativo para reformar algunos artículos Constitucionales con el fin de que se permitiera la entrada en vigor de la Ley 906 de 2004 sin mayores inconvenientes, sin embargo, en la actualidad siguen existiendo falencias en el sistema penal que impiden que se aplique una completa y efectiva tendencia acusatoria garantista.
Con la ley 906 de 2004 se pretendió pasar del sistema inquisitivo que traía la ley 600 de 2000, el cuál se caracteriza por instituciones como la diligencia de indagatoria, la prevalencia de la escrituralidad, la oficiosidad de los jueces para ordenar pruebas, entre otras, a un sistema más garantista en materia de defensa en donde se cambiará la permanencia de la prueba por juicios orales públicos como el escenario de debate probatorio con el fin de darle paso a la oralidad.
A pesar de que el sistema penal acusatorio vigente en Colombia ha buscado y propendido por ser más garantista, aún después de 17 años sigue presentando falencias que incluso han sido expuestas recientemente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Antonio Hernández.
Durante el conversatorio sobre Género de la Rama Judicial que se desarrolló en Boyacá, el Magistrado Hernández realizó duros cuestionamientos a el sistema penal acusatorio mencionando que el mismo no está dando resultados y que, por el contrario, los procesos de investigación están siendo ineficientes, sobre todo para delitos cometidos contra mujeres y niños.
Es preocupante que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia haga este tipo de advertencias, pues pone de presente que la Justicia del país no está respondiendo a las necesidades actuales, lo que explicaría el por qué muchas personas víctimas de hechos que se adecuan a un tipo penal, prefieren guardar silencio en vez de denunciar, pues saben que se enfrentaran a una justicia ineficaz y a una larga investigación.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del ente acusador por agilizar los trámites propios de la investigación, no es menos cierto que los recursos económicos tampoco son suficientes para solventar los gastos propios de una investigación, tal como lo manifestó el pasado 14 de septiembre de 2021 la Fiscal, Consuelo García Andrade, quién mediante redes sociales realizó un llamado ante la grave congestión judicial que se presenta en decenas de despachos del país y la falta de recursos para superar esa situación.
Esto ha puesto en evidencia que los despachos judiciales se encuentran totalmente congestionados, y que los recursos no son suficientes para superar dicha situación, al punto que los propios Fiscales deben contratar personas adicionales, de su propio bolsillo para intentar avanzar en la revisión de procesos, que en muchas ocasiones, tal como pasa en el despacho de la Fiscal Consuelo García, asciende a más de 4000 procesos.
Por lo anterior, considero que se vuelve necesario pensar en realizar ajustes dirigidos a mejorar la funcionalidad del sistema penal acusatorio, propendiendo por reajustar los recursos destinados al ente acusador con miras a evitar la congestión judicial mediante trámites más ágiles y eficientes, pues por más que el sistema penal acusatorio plasme en su texto ser garantista, de nada sirve si dichas garantías no pueden ser materializadas porque los recursos no resultan suficientes.
Por la Dra. Juliana Muñoz