Primera línea, ¿y la segunda y las demás?

Un amplio despliegue periodístico se le dio a la captura de los supuestos integrantes de la denominada primera línea de la ciudad de Bogotá y, así mismo, resultó la imputación jurídica formulada por la Fiscalía General de la Nación en contra de los jóvenes que participaron de las protestas.   

La imputación incluyó delitos que van desde tenencia, fabricación y trafico de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público, perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación para delinquir, hasta incluso el mismo concierto para delinquir agravado, según lo informa los diferentes medios de prensa.

Las fuentes hablan de que a esa conclusión de cargos se llegó previamente a la infiltración de la primera línea, a través de la cual se logró identificar a los integrantes hoy puestos a buen recaudo ante la autoridad judicial. Las audiencias terminaron con la imposición de medida intramural para la mayoría de los integrantes del grupo. Ello como producto de las labores de infiltración logradas que determinaron la participación de los jóvenes en los actos de vandalismo.

Hasta aquí, al parecer todo va bien, aunque la Fiscalía deberá demostrar con certeza la participación responsable de los miembros de la primera línea que fueron capturados. Sin embargo, surgen algunos interrogantes. ¿Quién organiza a estos jóvenes?, ¿la fiscalía los identificó?, ¿permitió la infiltración determinar quién financia estas actividades?, ¿o acaso son estos jóvenes los determinadores de los ataques sistemáticos de los cuales son hoy acusados?

Seguramente estos y más interrogantes no han sido resueltos, ni serán dilucidados. Al fin y al cabo, ya se tienen unas capturas que mostrar. Sin embargo, las protestas han continuado y los actos de vandalismo se replican en la mayoría de ellas.

Es necesario que la investigación de la Fiscalía General de la Nación, sea más profunda, llegue hasta los verdaderos determinadoras de esos actos de vandalismo, a sus financiadores y dirigentes, para que no solo se evite la instrumentalización de jóvenes, se evite el daño a los bienes públicos, se afecte a la ciudadanía no participante de las protestas, pero sobre todo, mas que nada, para que no se deslegitime el derecho a la protesta.

Por ello, la comunidad no debe conformarse con la simple captura de estos jóvenes, se requiere una investigación mucho más profunda, más efectiva y amplia. Seguramente la decisión de la Judicatura, para aceptar la imputación y aplicar las medidas restrictivas de la libertad, corresponde al correcto ejercicio de la administración de justicia, pero hasta ahora la investigación nos mostró unos supuestos integrantes de la primera línea, pero … ¿los de la segunda y los de la tercera línea? ¿En dónde están?                    

Juan Carlos Castillo Pachón.